Las Palmas de Gran Canaria (EFE).- El Gobierno de España emplazará a Aragón a una negociación bilateral, previa a un posible recurso ante el Tribunal Constitucional, con el fin de que corrija, como ha pedido la ONU, su Ley de Concordia, ya que considera que vulnera los derechos humanos e invisiviliza a las víctimas de la dictadura franquista.
Así lo ha anunciado este viernes el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres (PSOE), quien ha advertido de que el Ejecutivo actuará de la misma manera con la Comunidad Valenciana y Castilla y León, si acaban aprobando sus hasta ahora proposiciones de ley en la materia.
La ONU pide “las medidas necesarias”
El Gobierno de España toma esta decisión después de la ONU le haya pedido que tome las “medidas necesarias” en relación con las “Leyes de la Concordia” impulsadas por el PP y Vox en varias comunidades con el fin de garantizar “la preservación histórica de la memoria de violaciones de derechos humanos”.
La ONU también considera, entre otras cuestiones, que estas iniciativas del PP y Vox equiparan el franquismo con el período democrático de la República.
El ministro ha subrayado la “unanimidad y contundencia” de la “demoledora” comunicación de Naciones Unidas y también su rápida respuesta al requerimiento formulado por el Ejecutivo español respecto de estas tres iniciativas legislativas, al entender que pretenden “blanquear la dictadura” de Franco, al no condenarlo ni hacer referencia a las víctimas del bando republicano.
Torres ha recalcado que estas iniciativas suprimen procesos de memoria ya iniciados y que contaron con el respaldo del PP, un partido, ha dicho, que ahora que necesita mantener pactos de gobierno con Vox es víctima de una “sumisión a la ultraderecha” por la que se deroga a sí mismo, aunque para ello recurra a “bulos”.
En su escrito, al que ha tenido acceso EFE, la ONU recuerda que todos los poderes del Estado español, ya sea ejecutivo, legislativo o judicial, y todas las entidades nacionales, regionales o locales “deben cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos”, y que el incumplimiento de esas obligaciones compromete la responsabilidad de España.
Lo expone en una comunicación conjunta del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias y el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
La ONU insiste en que esas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido a la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación, advierte la comunicación de la ONU.
Este informe responde a la iniciativa del Gobierno central de elevar a las principales instancias europeas e internacionales las medidas contra la Memoria Democrática emprendidas por el PP y Vox en varias comunidades autónomas.
Feijoó: No hay que dar por aprobadas leyes que aún no lo están
Sobre este asunto, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha subrayado que “lo mejor que se puede hacer es leer los textos, segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el PP los 40 años de Franco han sido una dictadura y ETA una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes y es nuestro compromiso con la memoria histórica”, ha dicho durante un acto en Figueres.
Desde València, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha manifestado que desconoce el informe de la ONU y que ha visto una noticia de una “posible filtración de un posible informe” que entiende que “en ningún caso es sobre la ley valenciana”.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha criticado el informe por sus “errores de bulto” y “bulos”, ya que en Aragón no se ha aprobado una ley de concordia.
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), ha declarado que desconoce y no se les ha informado sobre el informe de la ONU aunque ha insistido en que él ha condenado la dictadura franquista públicamente.
